El Congreso de Tabasco aprobó con 21 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, una ley por la que se endurecen las penas para quien obstruya calles y caminos.
Esta ley propone, por ejemplo, penas de 10 a 20 años de prisión a aquellos que realicen marchas o manifestaciones en las que se bloqueen calles. También propone prisión de 1 a 5 años para quienes impidan total o parcialmente el libre tránsito de personas. Y por oponerse a la ejecución de trabajo y obras públicas se aplicará prisión de entre 6 a 13 años.
Chécate esto: ‘Se divierten con ‘sube y baja’ en el muro fronterizo’
Represión al derecho a la protesta
Llama la atención que se refiere a todas aquellas personas que puedan obstruir la construcción de obras públicas y privadas. Cabe señalarlo, pues en el estado de Tabasco existe una creciente preocupación por diversos proyectos energéticos y petroleros que se están realizando. A causa de ellos, se llevaron a cabo protestas y manifestaciones de las comunidades aledañas. En todas ellas se han alertado de los graves daños ambientales que estos proyectos están provocando.
Es una ley que parece estar hecha a medida para impedir que se realicen protestas que retrasen los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas. Curiosamente, entró en vigor el mismo día que se iniciaron los trabajos para realizar dicho proyecto energético.
El gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, aseguró que esta ley se pone en marcha para evitar los chantajes de los pseodosindicatos. Según López, éstos se encargan de cerrar obras o caminos con el único fin de pedirle dinero a los empresarios para que puedan seguir realizando su labor. Los empresarios sostienen que, esos chantajes o extorsiones, representan un aumento en el costo de la construcción de entre quince y treinta por ciento.
Es curioso que esa sea la razón para que se ponga en marcha esta medida. De hecho, la extorsión y el tomar vías de comunicación ya está tipificado como delito.
Ley contra principios
Resulta muy contradictorio que un partido como Morena, que se ha manifestado constantemente desde su salto a la política nacional, en donde, incluso, sus propios líderes han llamado a la protesta ciudadana para cuestionar la corrupción en el gobierno, ahora sean los mismos que legislan para perjudicar estas manifestaciones. Además, endurecen las penas a la puerta de una mega construcción planteada por el Gobierno Federal.
Sorprende también, que sea el gobierno quien se encargue de decidir qué manifestaciones son buenas y permitidas en la ley y cuáles son malas y ameriten cárcel. Las declaraciones de la Presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, no dejan lugar a dudas: “Las protestas son sagradas y deben atenderse, pero no cuando se manipulan para movilizar con otros intereses”
Aprobar una ley para criminalizar las protestas al grado de encarcelar a una persona por manifestarse en contra de proyectos o leyes con los que no se está de acuerdo es, sin lugar a dudas, vergonzoso y claramente regresivo.
Foto de Portada: Cultura Colectiva