Oso negro de Chipinque pudo ser castrado y enviado a Chihuahua

En julio se hicieron virales una serie de videos sobre un oso negro en el Parque Chimpique, en Monterrey. Al que se nombró en las redes sociales como el “oso amigable”. A raíz de estos acontecimientos las autoridades de la Profepa en Nuevo León, se movilizaron para capturar al oso y reubicarlo. Sin embargo, en los últimos días ha trascendido la noticia de que antes de ser reubicado en la Sierra de Nido, en Chihuahua, fue castrado.

La decisión suscitó polémica. Pues el oso negro es una especie en peligro de extinción. A propósito de esto, Elva Griselda Garza Morado, quien está al frente de la Profepa en Nuevo León, comentó que la decisión se tomó en las oficinas centrales en la Ciudad de México.

No obstante, Blanca Alicia Mendoza Vera, procuradorora federal de la Profepa, ordenó que se investigara la decisión de castrar al oso. Asimismo, la dependencia solicitó que se presenten estudios que sustenten la intervención quirúrgica.

“La Procuradora Federal de Protección al Ambiente ha ordenado se investigue el porqué de la decisión de castrar al ejemplar. Para lo cual se ha solicitado la remisión de las constancias documentales que la sustenten”.

Te recomendamos: “Santos Tuz, joven profesor de maya en Tik Tok”

Oso negro, oso amigable

Luego de la captura del oso de 96 kilogramos, se trasladó a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para realizarle los estudios rutinarios. Ahí, el coordinador del Laboratorio de Fauna Silvestre, Rogelio Carrera Treviño, sugirió una orquiectomía bilateral (castración). Antes de su traslado y liberación en la Sierra de Nido, en Chihuahua.

De acuerdo con información compartida por la profepa, el comportamiento errático del oso habría sido una de las motivaciones para la castración. Sin embargo, el principal motivo fue evitar su reproducción y la contaminación genética entre esta subespecie y la de Chihuahua.

La operación fue autorizada por el Director General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Profepa, Martín Vargas Prieto.

De no presentarse pruebas concluyentes que acrediten que era necesaria la intervención, los responsables podrían ser sancionados. Éstas van desde multas de 20 hasta 50 mil días de salario mínimo. Y, de uno a nueve años de prisión.