El pasado 29 de mayo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revirtió, por mayoría absoluta, una decisión del Tribunal Electoral de Baja California. La cual proponía que el gobierno de la entidad durara 6 años y no 2 como estaba estipulado en un principio.
Con esa sentencia, se mantenía que el próximo gobernador de Baja California estaría en el cargo del 1 de noviembre del 2019, al 31 de octubre del 2021. Tal cual figura en el decreto del Poder Legislativo local. Esto se estipuló en el año 2014 con la idea de poder juntar las elecciones locales con las Federales en el 2021 y así hacerlo más fácil para la población.
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Ni seis, ni dos; sino cinco
Sin embargo, el lunes 8 de julio, se votó en el pleno que el periodo de la legislatura durará 5 años, con 21 votos a favor (9 diputados del PAN, 5 de Morena, 5 del PRI, 1 de Movimiento Ciudadano, 1 del PRD), una abstención, ningún voto en contra y 3 diputados que no asistieron al pleno.
Esta medida se tomó, según argumentaron, por el bien de Baja California. Ya que se evitarán cargas a las finanzas públicas que entorpezcan su desarrollo económico. Con esto, el congreso le está otorgando al gobernador Jaime Bonilla Valdés 3 años más de gobierno. Mismos que no fueron decididos en las urnas.
Esta resolución del congreso del estado atenta directamente contra la democracia y con lo elegido por los ciudadanos en los comicios. A las elecciones realizadas el 2 de junio, los votantes asistieron a ejercer su derecho sabiendo que el ganador estaría al frente de la gubernatura por 2 años. Así estaban puestas las reglas del juego y todos los participantes lo tenían claro desde el principio.
¿Y la democracia?
Esto representa una falta muy grave, que puede sentar un precedente bastante alarmante. Porque abre la puerta a que se pueda repetir esta situación en otros estados del país. En donde el tiempo de gobierno se decida a la voluntad del congreso y no de los ciudadanos, los cuales, son lo que deciden quien los gobierna. Se están traspasando leyes que no se debe tolerar, pues con esto, se están vulnerando los derechos de los votantes.
Es muy probable que esta decisión no se materialice y se derogue por la Suprema Corte de Justicia. Pero deja un claro sentimiento de impunidad, da la percepción de que todo se puede hacer si se “mayoritea” en las cámaras y eso no lo podemos permitir. Se deben de respetar las instituciones, las reglas de la democracia y no conseguir en el congreso lo que no te dieron los ciudadanos en las urnas.
Lo sucedido en Baja California no se puede quedar simplemente en una anécdota, lo que se legisló en ese pleno debe de tener consecuencias, ya sean penales o políticas. Y no solamente para el Gobernador electo, también para los diputados que votaron a favor de atropellar la democracia y el derecho de los ciudadanos.
Foto principal: CuartaMX